La ofensiva contra el referendo del agua la encabeza el Presidente Uribe
REFERENDO DEL AGUA
¿Inconveniente para el país o para las empresas?
El gobierno nacional ahora a través del Ministro del Interior se desenmascara pide no convocar el referendo por el agua pues, según el es inconveniente para el país.
Preguntémonos, ¿en que puede perjudicar al país, es decir a los colombianos y colombianas, que constituyen el pueblo, que haya un mínimo vital gratuito, que se protejan los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y que el manejo se haga a través de entidades públicas, con participación ciudadana, control social y transparencia?
Lo que temen las actuales empresas “públicas”, que según la Ley 142 de 1994, de “servicios públicos”, operan como si fueran privadas, las mixtas dominadas por el capital privado transnacional y las completamente privadas, es perder las enormes utilidades que hacen vendiéndonos el agua de los colombianos y colombianas. Este como se ha demostrado con la campaña del referendo es un excelente negocio que produce una utilidad operacional del 40% y una rentabilidad del 8,0%. Todo gracias al incremento tarifario que se recarga sobre los hombros de los usuarios, recordemos tan solo como en el caso de Bogotá, el metro cúbico del agua que costaba para el estrato dos a diciembre de 1996, $175,2 pasó a la fecha (abril de 2009) a $2.178 que es un incremento de más del mil porciento.
A ello se suma que el 85% de la inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado se ha hecho con los recursos públicos provenientes del bolsillo de la ciudadanía, vía las tarifas y los impuestos mientras que el sector privado solo invierte el 15% y se alza con las mayores utilidades. Dicho de otra forma al agua la convirtieron en una mercancía objeto de la especulación.
Es que en Colombia el suministro del agua se convirtió en un gran negocio que golpea el bolsillo de todos y obviamente mas duro a los sectores desfavorecidos que son el 80% de la población. Por eso resulta incomodo que se consagre en la Constitución que el acceso al agua potable sea un derecho humano fundamental y que la gestión sea estatal y por comunidades organizadas sin ánimo de lucro y que e protejan las fuentes hídricas hoy objeto de la expoliación y los demás principios que estamos proponiendo.
Si es tan inconveniente y están tan seguros de los argumentos con que pretenden demostrarlo, ¿por qué tienen miedo de discutir el tema ante el pueblo colombiano y que sea él quien decida?.
Mañana ese pueblo a quien se pretende desorientar y desconocer estará pendiente de la decisión que tome la Comisión Primera de la Cámara. Los promotores confiamos en que el Congreso, en este caso la Comisión mencionada hará un ejercicio de independencia frente al poder ejecutivo pero si el referendo se hunde la responsabilidad caerá principalmente sobre el Gobierno y el Presidente Uribe que guarda silencio en relación con la carta que le enviáramos hace quince días pidiéndole explicación sobre su contradictoria actitud consistente en acudir al referendo, como mecanismo de participación para hacerse reelegir y descalificar a los ciudadanos y ciudadanas que acudimos al mismo mecanismo para que se decida sobre un asunto mucho mas trascendental como el futuro de Colombia en relación con el agua.
COMITÉ NACIONAL:
Bogotá, 4 de Abril de 2009
Señor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Respetado Señor Presidente:
No es equitativo que Usted, como aspirante a una segunda reelección mediante el mecanismo constitucional de participación denominado referendo, descalifique la iniciativa popular del Referendo por el Agua, como lo informa el periódico El Tiempo en su edición de ayer, al reseñar declaraciones del Presidente de la Cámara de Representantes Germán Varón, luego de la reunión que sostuviera con Usted.
Le expresamos nuestra más sentida protesta y esperamos una pronta y clara rectificación.
Cordialmente,
Rafael Colmenares – Ecofondo – Vocero del Comité Promotor
Oscar Gutiérrez – Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos – Promotor
Tatiana Roa – Censat – Amigos de la Tierra Colombia – Promotora
Javier Márquez – Corporación Penca de Sábila – Promotor.
Humberto Polo – Sintraemsdes – Promotor
Martha Cañón – Asociación de Vocales de Control de Servicios Públicos – Promotor
Rodrigo H. Acosta B. – Central Unitaria de Trabajadores CUT– Promotor
Héctor Gañán – Organización Nacional Indígena de Colombia – Promotor
Cristo Miranda – Acueductos Comunitarios - Promotor
EL DERECHO AL AGUA
EDITORIAL
Las próximas semanas serán definitivas para la suerte del referendo sobre el agua en Colombia, el cual, apoyado por más de dos millones de firmas, inició su trámite a mediados de octubre del año pasado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Formalmente, la iniciativa ha tenido todas las garantías. Incluso la ponencia mayoritaria recomienda a la Comisión su aprobación, y otra suscrita por solo dos representantes no la niega sino que propone modificarla.
Han pasado, sin embargo, tres meses, descontando el receso de fin y comienzo de año y la convocatoria al referendo —para que los ciudadanos decidan si quieren establecer el derecho humano fundamental al agua potable, garantizado por un mínimo vital gratuito, la protección y destinación prioritaria de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua a este fin— no recibe aún aprobación de la mencionada Comisión.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos, ha hecho pública su oposición al referendo. Se argumenta que la consagración de tal derecho generará numerosas acciones de tutela de difícil o imposible cumplimiento, que el mínimo vital gratuito es demasiado costoso y que el aporte de la empresa privada es fundamental para dar agua potable a los colombianos.
Los promotores han replicado manifestando que las tutelas ya son muchas, que su incremento no depende del reconocimiento de un derecho que ya ha sido aceptado por la propia Corte Constitucional, sino de las altas tarifas que se cobran por un bien esencial para la vida.
Así mismo, controvierten las bases de cálculo de la Superintendencia de Servicios en relación con el costo del mínimo vital gratuito por considerarlas exageradas en varios aspectos, y señalan que la inversión privada en el servicio de acueducto y alcantarillado no sobrepasa el 15%, estando el resto a cargo del Estado y los usuarios.
Todo lo anterior requiere, efectivamente, un examen cuidadoso, pero si no se quiere enterrar definitivamente el referendo como mecanismo de participación, el debate debería darse no solo en el Congreso sino de cara a la ciudadanía, para que ella decida, que es el sentido de la consulta.
Se trata de un tema fundamental para el presente y el futuro de Colombia, y se han cumplido los exigentes requisitos de la Ley 134 de 1994, reglamentaria del mencionado mecanismo.
De otra parte, modificar sustancialmente el texto firmado por los ciudadanos sería una especie de ‘golpe de estado’ a la participación ciudadana, la cual quedaría reducida solamente a la posibilidad de proponer un tema, corriendo el riesgo de que la propuesta que finalmente se ponga a votación sea parcial o totalmente contradictoria con la que sirvió de base para recoger las firmas, y en todo caso diferente.
La fuerte oposición del Gobierno es una prueba de fuego para el Congreso, pues quien debe decidir es este último. Las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo en un país de fuerte orientación presidencialista como Colombia tienden a ser unidireccionales. Sin embargo, los esbozos de democracia participativa consagrados en la Constitución de 1991 que nos rige, requieren del Congreso, independientemente de las evidentes mayorías gubernamentales, un examen distinto.
Finalmente, la discusión coincide con el reciente V Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul, Turquía, donde la idea de reconocer el derecho humano al agua obtuvo el apoyo de 24 países del tercer mundo y el de España.
Esta última adhesión hará que el tema se discuta en el seno de la Comunidad Europea. No hay duda, pues, de las bondades de la iniciativa del referendo del agua, que nos sintoniza con las preocupaciones mundiales, a las cuales llegamos generalmente tarde.
Esperamos, entonces, que una vez pasado el receso legislativo de la Semana Santa, el Congreso de la República aboque sin más dilaciones este tema y diga la última palabra al respecto.
